¿Quién es el “psicópata de Alto Hospicio” y por qué podría acceder a la conmutación de pena?
Alejandra CastellanoMarzo 5, 2026
Una diferencia de solo un voto marcó la aprobación en general del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas de cárcel. Con 23 respaldos y 22 rechazos, la Cámara Alta dio el primer paso a una iniciativa que ha generado amplio debate público.
La propuesta, presentada por parlamentarios de derecha, establece que personas condenadas —incluso por delitos graves— podrían solicitar cumplir sus penas fuera de prisión si acreditan deterioro físico o determinadas condiciones médicas.
Nombres que reactivaron la controversia
El avance legislativo volvió a poner en discusión casos emblemáticos del país.
Entre ellos se encuentra Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado en más de cien causas por secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura. También figura Hugo Bustamante, responsable del femicidio y violación de Ámbar Cornejo, quien eventualmente podría optar a este beneficio si cumple los requisitos establecidos.
A la lista se suma María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, sentenciada a presidio perpetuo por múltiples asesinatos, y Julio Pérez Silva, recordado como el “psicópata de Alto Hospicio”.
El caso Alto Hospicio: una herida abierta
La eventual posibilidad de que Pérez Silva pueda acceder a un régimen alternativo ha provocado especial sensibilidad en el norte del país.
Desapariciones que no fueron escuchadas
Entre finales de los años noventa y comienzos de los 2000, Alto Hospicio enfrentó una serie de desapariciones de adolescentes y jóvenes. Durante meses, las investigaciones oficiales sostuvieron que muchas de ellas habrían abandonado voluntariamente sus hogares.
Se insinuó que podrían haber migrado hacia ciudades fronterizas como Tacna o Bolivia, o que se habrían vinculado a redes de prostitución. Esa hipótesis retrasó el esclarecimiento de lo que realmente ocurría.
El caso tomó relevancia nacional tras la desaparición de Viviana Garay, de 16 años. Su padre, Orlando Garay, movilizó a otras familias y logró que el país mirara hacia el norte.
El descubrimiento de una serie de crímenes
Las pesquisas permitieron determinar que entre 1998 y 2001 Julio Pérez Silva asesinó a 14 jóvenes, muchas de ellas menores de edad.
Su primera víctima identificada fue Graciela Montserrat Tapia, de 17 años, abordada en la costanera de Iquique en septiembre de 1998. Posteriormente siguieron crímenes en Alto Hospicio y sectores cercanos, donde engañaba a sus víctimas ofreciéndoles transporte, las amenazaba y luego las asesinaba. Varios cuerpos fueron arrojados al pique minero de Huantajaya.
El caso se resolvió tras el ataque a una niña de 13 años que logró sobrevivir y denunciar lo ocurrido. Las pruebas de ADN confirmaron su responsabilidad en la serie de homicidios, lo que derivó en una condena a presidio perpetuo calificado.
Próximos pasos legislativos
Aunque la sentencia estableció que Pérez Silva debía permanecer en prisión de por vida, la aprobación en general del proyecto impulsado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel abre la puerta a que condenados que cumplan ciertos requisitos puedan solicitar cumplir sus penas en sus domicilios.
La iniciativa continuará su tramitación en particular, en medio de un debate que enfrenta visiones sobre justicia, derechos humanos y el alcance de los beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos de alta gravedad.