Ocho años de cárcel para exfuncionario de salud por abusos reiterados contra menores en Iquique

Un hombre de 41 años, identificado como A.L.P.H. y quien se desempeñaba en el área de salud en la comuna de Pozo Almonte, fue sentenciado a cumplir una pena de ocho años de cárcel. La resolución judicial responde a su responsabilidad como autor de abusos sexuales reiterados contra tres menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los 10 y 13 años al momento de los ataques.

El veredicto del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal incluyó, además de la reclusión, la prohibición perpetua para que el sentenciado desempeñe funciones en establecimientos educativos o cualquier rol que implique contacto habitual con niños, niñas y adolescentes.

Cronología de los delitos en entornos familiares

Las investigaciones dirigidas por la Fiscalía de Iquique lograron determinar que el condenado utilizó la cercanía y la confianza de su círculo íntimo para realizar las agresiones durante diversas festividades.

Primeras agresiones documentadas

El historial delictivo comenzó en octubre de 2016. Durante una reunión social en un centro recreativo de la zona sur de Iquique, el sujeto aprovechó un momento en la piscina para realizar actos de significación sexual contra una adolescente de 13 años. Años más tarde, en septiembre de 2020, durante un almuerzo de Fiestas Patrias en el borde costero, el individuo abordó a una segunda víctima de 12 años bajo el pretexto de saludarla.

El caso que reveló los abusos

Esa misma jornada de 2020, aprovechando que las familias alojaban en la misma residencia, el agresor atacó a una tercera niña de 10 años, quien era sobrina de su propia pareja. A diferencia de los casos anteriores, esta menor relató lo sucedido de forma inmediata, mostrando una evidente afectación emocional.

Proceso judicial y pruebas determinantes

Aunque los hechos permanecieron inicialmente en silencio dentro del grupo familiar, el deterioro en la salud mental de las víctimas motivó la presentación de la denuncia formal. Tras esto, la PDI, a través de su Brigada de Delitos Sexuales, realizó las pericias correspondientes.

Durante las audiencias, la fiscal Camila Albarracín presentó un robusto conjunto de evidencias que permitieron ratificar la culpabilidad del imputado. Al respecto, la persecutora señaló:

“A partir de la prueba rendida, consistente en las declaraciones de las víctimas, de sus padres y familiares, de los psicólogos que las han atendido durante todos estos años, así como en la prueba científica del Servicio Médico Legal, lo que permitió al tribunal dar por acreditada, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del hoy condenado”.

Gracias al trabajo del Ministerio Público, se logró una sentencia que busca dar justicia a las víctimas afectadas por este comportamiento sistemático.