Fiscalizan empresa en Pozo Almonte por posible explotación laboral y trata de personas

Una fiscalización conjunta se desarrolló en una empresa de mantenimiento industrial minero ubicada en Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, con el objetivo de revisar posibles incumplimientos laborales y detectar eventuales situaciones vinculadas al delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Operativo reunió a Fiscalía, PDI, Migraciones y Dirección del Trabajo

El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía del Tamarugal junto a la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI.

En la diligencia también participaron funcionarios del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, además de equipos de la Dirección del Trabajo, quienes se trasladaron hasta las instalaciones de la empresa para realizar distintas revisiones en terreno.

El foco del operativo estuvo puesto en verificar las condiciones laborales de los trabajadores, revisar documentación administrativa y establecer si existían antecedentes que pudieran configurar delitos o infracciones a la normativa vigente.

Fiscalía explicó el origen de la fiscalización

La fiscal Karem Gómez, quien participó directamente en el procedimiento, señaló que este tipo de acciones se impulsan a partir de antecedentes recogidos en investigaciones y denuncias previas.

Según explicó, la finalidad es constatar si las empresas cumplen con la legislación laboral y, al mismo tiempo, descartar o detectar posibles casos de trata de personas.

“En ese contexto, se están realizando entrevistas a los trabajadores, además de fiscalizar a los representantes legales y revisar la documentación correspondiente, con el fin de detectar la existencia de eventuales delitos de trata o bien descartar su presencia”, señaló.

Detectan trabajadores extranjeros sin autorización para labores remuneradas

Durante la fiscalización, detectives de la Brigada Investigadora de Trata de Personas entrevistaron a más de 30 trabajadores de la empresa.

De acuerdo con la información entregada por la subprefecta Eliana Ramos, de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Iquique, una parte importante de los trabajadores extranjeros no contaba con los requisitos necesarios para desempeñar funciones remuneradas en Chile.

“Durante la fiscalización, los detectives entrevistaron a más de 30 trabajadores de los cuales se estableció que 26 de ellos correspondía a ciudadanos extranjeros que no cumplían con los requerimientos para poder ejercer labores remuneradas en el país”, informó.

Dirección del Trabajo revisó documentación de la empresa

Paralelamente, la Dirección del Trabajo inspeccionó antecedentes laborales y administrativos de la compañía.

La revisión buscó comprobar el cumplimiento de la normativa vigente, además de evaluar las condiciones bajo las cuales se desempeñaban los trabajadores fiscalizados.

Los antecedentes recopilados durante el operativo serán analizados por las instituciones participantes para determinar eventuales infracciones o responsabilidades.

Foto: Fiscalía Tarapacá.