Formalizan a alcalde de Pozo Almonte por presuntas irregularidades tributarias

El alcalde de Pozo Almonte, Richard Alfonso Godoy Aguirre, fue formalizado este viernes 14 de agosto en una investigación por presuntos delitos tributarios cometidos entre 2016 y 2021. El Ministerio Público sostiene que las operaciones investigadas habrían generado un perjuicio fiscal superior a los $1.316 millones.

Alcalde quedó con arraigo nacional y firma mensual

Durante la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

Godoy quedó sujeto a arraigo nacional y firma mensual, mientras que el tribunal estableció un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.

La defensa no se opuso a las cautelares, las que fueron consideradas por el tribunal como proporcionales y adecuadas para los fines del procedimiento.

Fiscalía indaga uso de facturas presuntamente falsas

El Ministerio Público formalizó al jefe comunal como imputado por delitos relacionados con el aumento malicioso del crédito fiscal de IVA u otros gravámenes de retención mediante el uso reiterado de facturas falsas, además de simulación o adulteración de operaciones.

Las conductas investigadas se encuentran contempladas en el artículo 97 número 4, inciso segundo, del Código Tributario.

Según la Fiscalía, estas maniobras se habrían ejecutado entre 2016 y 2021.

Indagan 45 facturas emitidas por cinco supuestos proveedores

De acuerdo con la tesis del ente persecutor, Godoy habría ejercido paralelamente a sus funciones como alcalde el rol de administrador de hecho de la Empresa de Mantención a la Minería y Comercialización Limitada (EMYC).

En esa condición, presuntamente habría utilizado facturas ideológicamente falsas para incrementar de manera indebida los créditos fiscales informados en los formularios N°29 de declaración mensual y pago simultáneo de impuestos.

La Fiscalía sostiene que existían diferencias entre los créditos fiscales declarados y aquellos respaldados en el Registro Electrónico de Compras y Ventas (IECV) o en el Registro de Compras y Ventas (RCV).

Entre los antecedentes analizados aparecen 45 facturas atribuidas a cinco supuestos proveedores y que, según la investigación, corresponderían a operaciones inexistentes.

Perjuicio fiscal superaría los $1.316 millones

El monto actualizado a agosto de 2021 del perjuicio atribuido a las operaciones investigadas alcanza los $1.316.591.501.

La cifra corresponde, según los antecedentes expuestos, a impuestos relacionados con renta y servicios que no habrían sido enterados al Servicio de Impuestos Internos (SII).

La imputación se relaciona con un eventual aumento malicioso e indebido de créditos fiscales que habrían permitido disminuir los montos de impuestos pagados.

Querella del SII dio origen a investigación

Según antecedentes consignados por La Estrella de Iquique, el Servicio de Impuestos Internos presentó en enero de 2022 una querella criminal contra Richard Godoy por presuntas irregularidades tributarias relacionadas con EMYC, empresa de la cual habría sido socio mayoritario.

El organismo señaló entonces que las operaciones investigadas habrían provocado un perjuicio fiscal superior a los $1.316 millones.

En su informe, el SII indicó que las maniobras habrían permitido evadir impuestos o disminuir los pagos mediante un “aumento malicioso e indebido del monto de los Créditos Fiscales IVA declarados”.

El servicio también sostuvo que las declaraciones se habrían respaldado mediante 45 facturas falsas provenientes de cinco “supuestos proveedores”, correspondientes presuntamente a operaciones que no se habrían realizado.

Richard Godoy negó responsabilidad en los hechos

Cuando se conoció la querella del Servicio de Impuestos Internos, el alcalde difundió una declaración pública a través de redes sociales en la que aseguró “no tener responsabilidad en los hechos denunciados” por el organismo.

En esa oportunidad, Godoy agregó: “Espero que toda esta situación se aclare y para ello, como siempre, estaré dispuesto a cooperar en todo lo que requiera el Ministerio Público y los organismos pertinentes. Mi actuar ha sido de transparencia hacia los vecinos y vecinas de la comuna y seguiré en la misma línea”.

Con la formalización realizada este viernes, la investigación continuará durante los próximos 120 días, periodo en el que la Fiscalía deberá profundizar las diligencias destinadas a establecer las eventuales responsabilidades en los hechos imputados.

Foto: Municipalidad Pozo Almonte.