Chile registra las 2.000 expulsiones en 2026 y alcanza cifra histórica antes de finalizar octubre
Alejandra CastellanoOctubre 23, 2026
El undécimo vuelo, operado por Sky Airline desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, trasladó a 75 personas hacia Perú, Colombia y República Dominicana. De ellas, 69 correspondieron a expulsiones administrativas y seis a expulsiones judiciales. La operación contempló además la participación de 77 escoltas.
Expulsiones aumentan un 57,6% respecto de todo 2025
Las 2.000 expulsiones materializadas durante 2026 representan un 57,6% más que las 1.267 registradas durante todo 2025.
La cifra también supera en un 81,5% las expulsiones de 2024, en un 111,1% las de 2023 y en un 86,6% las de 2022.
Entre 2022 y 2025, Chile registró un promedio anual de 1.096 expulsiones, equivalente a aproximadamente 91 mensuales. Durante 2026, el promedio aumentó a 203 expulsiones al mes.
Aumentan las fiscalizaciones migratorias y las salidas voluntarias
Entre enero y septiembre de 2026, las fiscalizaciones aumentaron un 24,7% respecto del mismo período de 2025, pasando de 1.407 a 1.755 procedimientos.
En tanto, la cantidad de extranjeros fiscalizados creció un 46,6%, desde 28.085 a 41.171 personas, lo que representa 13.086 fiscalizaciones individuales adicionales.
A estas cifras se suman 11.011 salidas voluntarias efectivas durante 2026, correspondientes a extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados y posteriormente abandonaron el territorio nacional mediante control policial, sin una medida de expulsión.
El registro se acerca al triple de las 4.253 salidas voluntarias contabilizadas durante todo 2025.
Nuevas medidas para agilizar las expulsiones administrativas
En paralelo, durante esta semana el Congreso despachó el proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa.
La iniciativa contempla reducir de 10 a 5 días el plazo de reclamación judicial, facilitar las notificaciones y entregar nuevas herramientas para localizar y ejecutar órdenes de expulsión firmes, con las autorizaciones judiciales correspondientes.
Estas medidas se suman al trabajo de fiscalización y control migratorio desarrollado durante 2026, orientado a fortalecer la ejecución de las órdenes de expulsión y los procedimientos establecidos en la legislación vigente.