Más de $5.190 millones en perdidas: SERVIU Tarapacá al borde del colapso bajo la administración de Juan Pablo Sepúlveda
Iquique HoyAgosto 27, 2025
Fuente: El Sol de Iquique
Iquique: El SERVIU Tarapacá atraviesa una crisis sin precedentes. Bajo la administración de Juan Pablo Sepúlveda Rossose acumulan condenas judiciales, auditorías que revelan graves deficiencias de fiscalización, pagos improcedentes, omisión de sanciones contractuales y millonarias deudas por servicios básicos. El costo directo y los riesgos patrimoniales asociados ya superan los $5.190 millones.
Mas de $1.364 Millones por Condenas con escaza gestión de SERVIU
Constructora Figuz S.A.: El Tercer Juzgado de Letras de Iquique acogió parcialmente la demanda (12-08-2024) y condenó al SERVIU a pagar 33.748,90 UF, $ 1.325.682.441.- (Valor UF 39.280) por incumplimiento contractual (ítems por mayores gastos generales, pérdida de productividad, prórrogas de boletas, etc.).
Caso KAM (sentencia): El Segundo juzgado condena del SERVIU a pagar $17.000.000 por daño moral a G. P. K. P. por falta de servicios y soluciones habitacionales.
GLC SpA: sentencia del segundo juzgado de letras indica condena al SERVIU por daño emergente por $18.522.000 y daño moral por $3.000.000 por un total de $21.522.000 (parcialmente acogida), con fundamento en demoras en la revisión de estados de pago y ausencia de actos administrativos
$32.719.050 por llegar tarde
Inspección contrato “Reposición Plaza Brasil” (Informe N°392/2024): contratación tardía de la “Asistencia a la fiscalización técnica” —contrato suscrito en el día 162 de ejecución (plazo total 274 días)— con un costo por asistencia de $32.719.050, lo que demuestra falta de diligencia operativa del SERVIU en el control y timing de fiscalizaciones.
Mas de $2.790 Millones en omisión de multas por deficiencias constructivas
Contraloría Regional (Informe Final N°641/2024) detecta graves falencias en la supervisión de la obra Conjunto Habitacional San Valentín: deficiencias constructivas, ausencias de condiciones mínimas de higiene y seguridad, ensayos de calidad pagados pero no entregados (30 ensayos, por 197,34 UF) y la omisión de aplicar multas que, según el informe, podrían haber alcanzado 71.030,70 UF, $ 2.790.147.735 (Valor UF 39.280) (si se hubiesen aplicado como indica licitación). La Contraloría exige al SERVIU iniciar procedimientos disciplinarios y corregir controles.
$76.579.151 por tutela laboral: hostigamiento, sobrecarga maliciosa y presiones indebidas
Tutela laboral (Ley Karin) — RIT T-316-2025: Se encuentra en tramitación una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, interpuesta por M. E. C. M. La acción fue admitida a trámite mediante auto de admisibilidad, fijándose audiencia correspondiente. En el libelo, se señala como representante legal del Servicio a su director, Juan Pablo Sepúlveda Rosso.
Pretensiones económicas del demandante (según demanda, aún no sentenciada):
Daño moral: $50.000.000, con reajustes e intereses.
Lucro cesante: $22.190.292.
Feriado legal pendiente: $2.588.859.
Horas extraordinarias: $1.800.000.
Total reclamado: $76.579.151, más reajustes e intereses.
Ambiente laboral y presiones internas: De acuerdo con antecedentes y declaraciones recopiladas en expedientes administrativos, se describe un ambiente laboral marcado por hostigamiento, sobrecarga maliciosa y presiones indebidas en las áreas jurídica y técnica, particularmente orientadas a la preparación de defensas en litigios de alta complejidad. Dichos testimonios constan en escritos internos que forman parte de la carpeta acompañada.
$916 millones de deuda con Aguas del Altiplano
Tras la interposición de cuatro demandas ejecutivas por parte de la sanitaria Aguas del Altiplano S.A., que reclama el pago de boletas y facturas impagas por suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
La suma exigida alcanza los $916.467.750, cifra que podría aumentar sustancialmente al aplicarse reajustes, intereses y costas procesales. Los juicios, todos radicados en el Juzgado Civil de Iquique, ya solicitaron mandamiento de ejecución y embargo sobre bienes de la repartición.
Desglose de la deuda:
-) Juicio ejecutivo (O06) – Iquique
5 boletas emitidas el 10 de junio de 2025, correspondientes a propiedades en Salitrera Constancia 2615, Av. Tadeo Haenke 2619 (ramal ficticio) y El Monte 2615.
Total adeudado: $335.642.000.
-) Ejecutivo por cobro de factura (C23) – Iquique
Boleta N° 18084773, emitida el 29 de junio de 2022, servicio 368622-1.
Monto reclamado: $824.000.
-) Juicio ejecutivo (O06) – Alto Hospicio
Boleta N° 24017859, emitida el 16 de mayo de 2025, por consumos del Barrio Temporal de Emergencia “Canadela” (Los Aromos 3138).
Monto reclamado: $576.723.250.
-) Ejecutivo por cobro de factura (C23) – Iquique
Boleta N° 17645082, emitida el 7 de abril de 2022, servicio 804405-8.
Monto reclamado: $3.278.500.
-) Deuda total (capital): $916.467.750.
A ello se suma el riesgo jurídico: al tratarse de juicios ejecutivos, la sanitaria puede obtener embargos inmediatos sobre bienes del SERVIU, afectando la operatividad de una institución clave en la ejecución de programas habitacionales.
Director cantaba en bar mientras cobraba licencia por reposo total
Escándalo público de conducta en licencia médica: medios locales y registros (fotos/video en redes) documentan que el director de SERVIU Juan Pablo Sepúlveda Rosso participó como intérprete musical en el bar “Jardín del Jolgorio” (interpretando temas de The Beatles) –como “Can’t buy my love” guitarra en ristre– mientras estaba con licencia médica; el hecho fue objeto de denuncia y aparece en las actuaciones administrativas y en notas de prensa. La Contraloría recibió esos antecedentes y en algunos papeles procede a informarlos como parte de una denuncia que derivó en investigaciones internas. El Sumario Interno –hasta la publicación de esta nota– no cuenta con resoluciones o avances.
¿Cuánto le ha costado esto al SERVIU, al Estado y a la Región de Tarapacá?
La pregunta no es menor y golpea en el corazón de la gestión pública: ¿cuál es el costo real de las irregularidades, juicios perdidos y deficiencias administrativas del SERVIU Tarapacá?
Según los antecedentes disponibles, la deuda capital total –actual y potencial– asciende a $5.190.246.963, equivalente a aproximadamente 132.129 UF. Este no es un número abstracto: representa recursos públicos que deberían haberse destinado a enfrentar la grave crisis habitacional de la región, a la construcción y reparación de viviendas sociales, o a obras urbanas que la ciudadanía espera hace años.
Patrones de gestión que emergen de la documentación
1. Supervisión técnica débil y tolerancia a incumplimientos del contratista. Contraloría evidencia que no se fiscalizaron fallas graves en obras ni se aplicaron multas previstas, generando pérdidas patrimoniales y tolerancia a incumplimientos.
2. Demoras administrativas y mala gestión de pagos que generan litigios. Sentencias se basan en atrasos del SERVIU en revisar y aprobar estados de pago o en no tramitar actos administrativos formales. Estas demoras se traducen en indemnizaciones por daño emergente y moral. La evidencia de correos y coacciones internas sugiere además sobrecarga y decisiones de gestión erráticas.
3. Falta de control interno y debilidad jurídica organizacional. Instrucciones apuradas y sobrecarga en el Departamento Jurídico fomentan respuestas defensivas mal fundadas y aumentan las pérdidas judiciales.
4. Costos reputacionales que agravan el problema político. La publicación de imágenes del director en un bar mientras estaba con licencia médica, y la aparición de ese hecho en los trámites administrativos y prensa local, degradan la legitimidad del liderazgo y dificultan la defensa institucional frente a auditorías y juicios.
¿Que dicen los parlamentarios?
-) Senadora Luz Ebensperger: “Creo que son hechos graves que deben ser investigados, especialmente cuando en la Región de Tarapacá enfrentamos una crisis habitacional y, al mismo tiempo, problemas serios con viviendas afectadas por socavones en Alto Hospicio. Me parece que lo lógico habría sido que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fortaleciera al SERVIU Tarapacá en lugar de dejarlo abandonado. Hace mucho tiempo que este servicio no funciona como debería. El ministerio debiera intervenirlo de manera real, no basta con enviar profesionales por uno o dos días; se requiere una intervención prolongada, seria y con mejores funcionarios públicos capaces de dar soluciones y avanzar frente a la grave crisis que atraviesa nuestra región en esta materia.”
-) Diputada Danisa Astudillo: “Lo que está ocurriendo en el SERVIU Tarapacá no es un hecho aislado, es el reflejo de falencias estructurales que arrastramos hace años. Como diputada voy a investigar a fondo y no voy a permitir que se sigan perdiendo recursos por falta de fiscalización. Aquí lo que está en juego es la confianza de la gente y el derecho de las familias a una vivienda digna”
-) Diputado Renzo Trisotti: “La grave situación del SERVIU Tarapacá refleja uno de los mayores incumplimientos del Gobierno: la falta de respuesta frente a la emergencia habitacional. Los retrasos, cambios en las condiciones de construcción y la ineficiencia administrativa están afectando directamente a miles de familias en una de las regiones con mayor déficit habitacional del país.
A ello se suman los escándalos ya conocidos, donde incluso somos parte como querellantes en el caso Convenios. Hoy lo que corresponde es poner a las familias primero, hacer las gestiones necesarias para acelerar los proyectos con más coordinación y claridad para así recuperar la confianza en la gestión pública. Los resultados del Gobierno en Tarapacá son pobres e ineficientes, y se han convertido en un lastre más para quienes esperan con urgencia soluciones habitacionales”
-) Diputado Matías Ramírez: Contactamos al parlamentario para conocer sus impresiones respecto de estas irregularidades y el rol del SERVIU Tarapacá en la crisis habitacional de la región. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta de su parte.
Declaración de Aguas del Altiplano
Consultada por la deuda que mantiene el SERVIU Tarapacá con la sanitaria, Aguas del Altiplano evitó pronunciarse sobre los montos o el estado del conflicto e indicó que:
“Aguas del Altiplano mantiene comunicación permanente con Serviu”.
Respuesta del SERVIU Tarapacá
El SERVIU Tarapacá señaló que todos los procesos judiciales y administrativos en curso se encuentran ajustados a la normativa vigente y, en su mayoría, corresponden a gestiones de administraciones anteriores.
Respecto a los juicios:
Constructora Figuz S.A.: la demanda se originó por hechos ocurridos entre 2012 y 2015. Aunque el tribunal falló a favor de la empresa, el SERVIU enfatizó que también se ordenó instruir un sumario para indagar responsabilidades administrativas. Lo que no indica SERVIU Tarapacá es que la fecha de sentencia corresponde al 12 de Agosto de 2024.
Demanda de la Sra. Kam: el servicio reconoció que la justicia acogió parcialmente la acción, condenándolo por daño moral debido a la demora en la reconstrucción de una vivienda afectada por el terremoto de 2014 y posteriores socavones. Lo que no Indican desde SERVIU Tarapacá es que la fecha de sentencia corresponde al 12 de Febrero de 2025.
GLC SpA: el contrato data de 2021, bajo otra dirección. Si bien hubo una sentencia parcial en primera instancia, el caso está actualmente apelado en la Corte de Apelaciones de Iquique. Lo que no Indican desde SERVIU Tarapacá es que la fecha de sentencia corresponde al 22 de Julio de 2025.
En relación con el Conjunto Habitacional San Valentín, el SERVIU afirmó que la cifra de multas no cobradas bajó a 8.722,41 UF ($322.729.170), de las cuales ya se han cobrado 7.527,04 UF ($278.500.480), quedando pendiente solo 1.195,37 UF ($44.228.690), descartando un perjuicio patrimonial. Además, defendió la contratación de una asesoría de fiscalización externa para reforzar el control de la obra.
Sobre la Plaza Brasil, precisó que tanto la licitación como el inicio de las obras ocurrieron bajo la gestión anterior (enero–julio 2024), por lo que la demora no sería atribuible a la actual administración.
En el caso de los juicios ejecutivos de Aguas del Altiplano, la institución aseguró haber asumido la defensa judicial, cuestionando la existencia del título ejecutivo y utilizando todos los recursos legales disponibles.
Consultado por la polémica de la licencia médica del actual director, el servicio recalcó que el sumario sigue en curso, y que el diagnóstico clínico –avalado por tres médicos– autorizaba actividades de esparcimiento como caminatas o tocar música, sin embargo la Contraloría dice lo contrario.
Finalmente, el organismo insistió en que no existe un daño patrimonial en la magnitud denunciada y que su gestión actual está enfocada en fortalecer la probidad, la transparencia y la entrega de soluciones habitacionales en la región.
Sepúlveda al mando casi todo el tiempo… pero la culpa siempre es de otros
Lo que pocas veces se aclara es la cronología real de las direcciones en el SERVIU Tarapacá. Tras el inicio del actual gobierno, el cargo fue ocupado en calidad de subrogante por Héctor Asmoru, durante un período que no superó los tres meses. Posteriormente, entre julio de 2022 y enero de 2024, la conducción recayó en Juan Sepúlveda Rosso, también como subrogante. Luego, de manera breve, entre el 10 de enero y el 10 de julio de 2024, asumió como director regional Patricio Altermatt. Sin embargo, desde julio a diciembre de 2024, el mando volvió a estar en manos de Sepúlveda, quien finalmente asumió como director titular desde enero de 2025.
En otras palabras, la gestión de Sepúlveda no ha sido un episodio menor o marginal: ha marcado la mayor parte de este período, tanto en su rol de subrogante como en su actual calidad de director titular. Por eso resulta llamativo –y hasta irónico– que, a estas alturas del mandato, se siga recurriendo al recurso fácil de atribuir las falencias a las administraciones anteriores. Como suele decirse: “el chiste se cuenta solo”.