Arica, Tarapacá y Antofagasta quedan bajo zona de catástrofe por emergencia climática

Las consecuencias del reciente sistema frontal que golpeó al norte grande llevaron al Gobierno a declarar zona afectada por catástrofe a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, una medida que permitirá acelerar la entrega de recursos y simplificar procedimientos administrativos vinculados a la emergencia.

La decisión fue oficializada mediante el decreto supremo N° 134, publicado en el Diario Oficial y firmado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Qué implica la declaración de zona de catástrofe

La medida activa un régimen administrativo especial que busca facilitar la respuesta del Estado frente a los daños provocados por las precipitaciones, aluviones, vientos, tormentas eléctricas y nevadas registradas desde el 17 de agosto.

Entre sus principales efectos está la posibilidad de agilizar el uso de fondos públicos y reducir trámites asociados a compras y contrataciones necesarias para enfrentar la emergencia.

Los delegados presidenciales regionales serán los encargados de coordinar la ejecución de los programas de recuperación y canalizar recursos hacia los municipios y otros organismos que requieran apoyo.

Delegados podrán adoptar medidas especiales

El decreto establece que las autoridades regionales designadas “podrán adoptar y aplicar, dentro de sus respectivas competencias y ámbitos territoriales, las medidas administrativas necesarias para la ejecución de dichos programas y para procurar una expedita atención de las necesidades de las personas damnificadas”.

Además, podrán delegar determinadas funciones en autoridades regionales, provinciales o comunales, mientras que los organismos y empresas del Estado deberán colaborar cuando sea requerido.

Tarapacá concentra importantes daños en viviendas e infraestructura

Una de las regiones más golpeadas es Tarapacá, donde se contabilizan 660 personas damnificadas y 71 albergadas.

Las afectaciones se distribuyen en comunas como Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Camiña, Mamiña, Colchane y Huara.

Entre los puntos críticos aparecen las rutas 504 y 16, además de calles, avenidas, establecimientos educacionales, centros de salud, el terminal rodoviario y el hospital regional.

El documento oficial señala que “se produjeron activaciones de quebradas, interrupciones y restricciones de tránsito en distintas rutas, afectaciones de infraestructura, interrupciones del suministro eléctrico, suspensión preventiva de clases y afectaciones en establecimientos de salud, hechos que evidencian la extensión territorial y la entidad de los efectos producidos por el evento meteorológico”.

Antofagasta registra más de mil personas albergadas

En la Región de Antofagasta, el balance incluye 1.024 personas albergadas, personas lesionadas y una persona fallecida, esta última asociada a accidentes terrestres ocurridos durante las condiciones meteorológicas adversas.

Las viviendas que permanecen con daños en evaluación se concentran principalmente en Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y Ollagüe.

Quebradas y rutas resultaron afectadas

El decreto detalla que “se produjeron activaciones de quebradas en diversos sectores de las comunas de Tocopilla, Antofagasta y Taltal; cierres y restricciones de tránsito en la Ruta 1 Norte, Ruta 1 Sur, rutas B-700, B-710, B-902, B-900, B-938, 27-CH y 23-CH, entre otras”.

Uno de los puntos más afectados corresponde al Hospital de Tocopilla, que continúa funcionando con capacidad limitada debido a la inundación de su primer nivel, situación que impactó especialmente a la Unidad de Diálisis.

Arica y Parinacota también mantiene personas damnificadas

En Arica y Parinacota se reportaron 150 personas damnificadas y 37 albergadas.

Además, existen viviendas con daños de distinta magnitud en las comunas de Arica y Camarones, junto con restricciones de acceso en algunos sectores y afectaciones en el suministro eléctrico.

Emergencia afecta a múltiples comunas del norte

Los antecedentes recopilados por Senapred muestran que los daños no se limitaron a un solo territorio, sino que se extendieron por diversas comunas y provincias.

Las lluvias y aluviones impactaron viviendas, carreteras, centros de salud, servicios básicos, conectividad, infraestructura pública y suministro eléctrico.

Por esta razón, el Gobierno consideró necesario activar el régimen especial previsto para emergencias de gran magnitud.

El decreto sostiene que “la magnitud, extensión territorial y persistencia de las afectaciones descritas, resulta necesario activar, respecto de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, el régimen administrativo especial” previsto en el decreto supremo N° 104.

Tocopilla mantiene además estado de excepción

La declaración regional se suma al estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado previamente en la provincia de Tocopilla, el cual tendrá una duración inicial de 30 días.

Ambas medidas funcionarán de manera paralela, permitiendo mantener las acciones de respuesta inmediata mientras se avanza también en la rehabilitación y recuperación de los sectores afectados.

Pese a que las condiciones meteorológicas han mejorado y actualmente no permanecen alertas técnicas vigentes, el decreto advierte que “subsistían daños, interrupciones de servicios, restricciones de conectividad, afectaciones de infraestructura y necesidades de atención de las personas afectadas, manteniéndose desplegados recursos humanos, equipos técnicos y maquinaria especializada”.

Recuperación no significa que la emergencia haya terminado

El paso hacia una etapa de rehabilitación contempla recuperar servicios esenciales y comenzar a reparar los daños físicos, sociales, ambientales y económicos provocados por el sistema frontal.

El decreto establece que el tránsito progresivo hacia la Fase de Recuperación no implica dar por superada la emergencia ni poner término a las medidas preventivas y de respuesta que continúen siendo necesarias. Se trata de adecuar la acción coordinada del Estado a la evolución de la situación, manteniendo las capacidades operativas para atender riesgos persistentes.

La declaración permanecerá vigente durante el período establecido en la normativa correspondiente, con posibilidad de extenderse si la evolución de la emergencia así lo requiere.